Al menos cuatro procesos de arbitraje en materia de inversión enfrenta actualmente la República Dominicana ante organismos internacionales, con reclamos de indemnizaciones que rondan los 384.69 millones de dólares.

Los casos se conocen ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI).

Las controversias las lleva a cabo el Estado dominicano a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Viceministerio de Comercio Exterior, que coordinan la defensa del país en diferencias derivadas de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y Tratados de Libre Comercio (TLC).

La labor de defensa se desarrolla con la cooperación interinstitucional de entidades del Estado dominicano, como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República.

Decisión en el caso Lajun

Entre los procesos que enfrenta el país se encontraba la presentada por Michael Lee-Chin (nacional de Jamaica) contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, ante el CIADI, por alegados incumplimientos al contrato para la administración y operación del relleno sanitario de Duquesa suscrito el 1 de marzo de 2007 con la empresa Lajun Corporation.

El MICM informó que estudia la decisión emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre una demanda interpuesta en 2018 contra el Estado dominicano por el señor Michael A. Lee-Chin, accionista mayoritario de la empresa Lajun Corporation, S.R.L. El tribunal concedió el pago de 43,590,090 dólares a favor de Lee-Chin. El tribunal distribuyó las costas del proceso en partes iguales. Sobre esta decisión Industria y Comercio revela que el tribunal «pone de manifiesto la razonabilidad de la corte ante las posiciones dominicanas».

En este caso, la decisión del tribunal no fue unánime, ya que uno de los árbitros emitió un voto disidente a favor del Estado dominicano.

En este caso, el país busca el tribunal se declare incompetente para resolver la controversia, que se rechacen todas las reclamaciones y se condene al demandante al pago de los costos legales. El lugar del arbitraje es Washington, aunque el tribunal puede celebrar audiencias en cualquier lugar que considere apropiado, con acuerdo de las partes.

El pasado 13 de agosto de 2023, las instituciones dominicanas demandadas presentaron un memorial de contestación sobre el fondo y uno sobre jurisdicción.

El tribunal está constituido por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza), presidenta, designada por acuerdo de las partes; David R. Haigh (canadiense), designado por la demandante; y Alexis Mourre (francés), asignado por la demandada.

Otros casos

El Estado dominicano también enfrenta una demanda interpuesta ante el CIADI por la empresa productora de cemento Sargeant Petroleum, por violación al DR-Cafta.

La empresa reclama al gobierno dominicano un crédito en virtud del contrato suscrito en 2013 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el almacenaje y manejo de galones de asfalto.

Sargeant Petroleum LTD busca una indemnización por 88.3 millones de dólares por daños y perjuicios derivados por el contrato rescindido en el año 2017.

El Gobierno de la República Dominicana fue notificado de la demanda en arbitraje de la empresa Sargeant Petroleum LTD, en mayo de 2021.

Garnier Vs. RD

Un tercer caso es el procedimiento interpuesto en la Corte Permanente de Arbitraje por Yves Martine Garnier, el 4 de octubre de 2021, contra la República Dominicana. La demanda es por la rescisión del contrato de recolección y disposición final de los desechos sólidos realizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este.

La sede del arbitraje es el Reino Unido, y en el mismo se reclama una indemnización de 224.00 millones de dólares.

«El 4 de octubre de 2021, el Sr. Yves Martine Garnier inició un procedimiento de arbitraje contra la República Dominicana de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República Dominicana sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de fecha 14 de enero de 1999″, refiere el dispositivo del caso marcado con el número 2022-01.

El tribunal conciliador está constituido por Lord Collins (presidente), Hamid Gharavi y Raúl Vinuesa.

Webuild Vs. RD

A los casos citados se suma el elevado el 17 de julio de 2020 por Webuild, S.p.A. (Salini Impregilo, S.p.A.), una empresa de origen italiano que busca una compensación por 28.80 millones de dólares vía la Corte Permanente de Arbitraje. El tribunal está constituido por Jean E. Kalicki (presidente), Janet Walker y Laurence Boisson.

En el caso se argumenta violación al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversión (Appri) entre la República Dominicana y el Gobierno de Italia, según consta en el portal de la Corte Permanente de Arbitraje, donde no se dieron a conocer mayores detalles del proceso.

Una victoria

El pasado 20 de septiembre de 2021, la República Dominicana obtuvo una decisión favorable a la demanda incoada por la empresa de origen español Recalvi S.L., contra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La demanda fue argumentada por incumplimiento de contrato y el Tribunal Arbitral emitió un laudo definitivo que condenó a Recalvi, S.L. al pago de USD 789,633.70 a favor del país.

La demanda fue interpuesta en el marco del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre el Reino de España y la República Dominicana.