Hace 12 años que se promulgó una ley que pinta a la República Dominicana como un país “modelo” para el 2030. La visión plasmada en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 es que, a esa fecha, se aspira a tener una nación próspera, donde las personas vivan dignamente, en el marco de una democracia participativa, que gestiona y aprovecha sus recursos y se inserta competitivamente en la economía global.

El “pero” es que el país debe acelerar el paso si quiere lograr lo anterior, pues dicha estrategia marchaba al 2022 a un ritmo moderado, con una considerable inclinación al rezago en indicadores fuertemente impactados por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, los que se encuentran en la «senda de la recuperación».

Es el propio gobierno que se autoevalúa así a través del Ministerio de Economía. En el Undécimo Informe Anual de Avance en la Implementación de la END 2030, publicado anteayer, se establece que los períodos de crisis mundial de los últimos tres años dejan ver la necesidad de acelerar la marcha.

Según el ministerio, dicha aceleración implica revisar aspectos que han sido afectados por los cambios ocurridos a nivel nacional e internacional e incorporar elementos que, al momento del diseño de la estrategia, no fueron considerados.

Pero la propia institución reconoce que la complejidad natural de los temas que confluyen en los cuatro ejes de la Estrategia 2030, agravado por las convulsiones internacionales, “dibujan un mapa de problemas retador”.

En general la END 2030 cuenta con cuatro ejes estratégicos, en los que se delinean 19 objetivos generales, respaldados por 57 objetivos específicos y 460 líneas estratégicas de acción. En el undécimo informe se presenta el avance alcanzado al 2022 de estos indicadores, respecto a la meta quinquenal 2025.

• Según el informe, al 2022, el 14.3 % de los indicadores había logrado sus metas para el quinquenio, el 6.3 % mantenía una trayectoria promisoria (alcanzarían la meta 2025 de seguir su trayectoria), el 42 % se encontraba en un nivel moderado (mejorarían respecto de la línea base, pero no lo suficiente como para alcanzar la meta), 30.4 % retrocedían y el 7.1 % se encontraba estancado.

 

Primer eje: Estado social democrático de derecho

En el 2012, cuando se promulgó la ley, se establecieron estrategias para la eficiencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, lo que incide en la percepción de los niveles de corrupción.

Aunque hay progresos en compras y contrataciones públicas, en la evaluación del Ministerio de Economía se señala que hay oportunidad de mejora en aspectos como el cumplimiento de los plazos de los procesos relacionados.

“En el ámbito judicial y seguridad ciudadana, se observan avances con la aplicación de normativas, pero aún persiste la resistencia a la baja de indicadores importantes que muestran niveles elevados de incidencia”, señala. Advierte que indicadores importantes como la tasa de homicidios presentan retrocesos.

Segundo eje: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades

En el país se han realizado “amplios esfuerzos” en educación, salud, seguridad social, pobreza, desigualdad, vivienda y acceso a servicios, en sentido general, dice la autoevaluación gubernamental. Se sorteó la crisis pandémica y se evidencian progresos en seguridad social, con revisiones de marcos legales importantes.

El “pero” es que “persisten desafíos estructurales y la necesidad de fortalecer las instituciones rectoras. Además, existen oportunidades de mejora de las deficiencias en el desempeño educativo del estudiantado, especialmente en pruebas diagnósticas de terceros de secundaria y sexto de primaria.

Aunque el Ministerio de Economía señala que se presentan avances en materia de asistencia social, observa que permanecen retos en la reducción de la pobreza en segmentos específicos, la disparidad urbano-rural y la desigualdad de género.

Tercer eje: Economía sostenible, integradora y competitiva

En el desempeño económico se han conseguido importantes avances. El Ministerio de Economía destaca que la inversión extranjera directa ha superado las metas para 2025 y 2030, y el ingreso nacional bruto per cápita ha crecido significativamente en 2022.

Aunque otros aspectos de la gestión de finanzas públicas son positivos, siguen presentes los retos de: elevar las recaudaciones fiscales -que como porcentaje del producto interno bruto se mantiene estancada-, reducir la informalidad y volver a elevar la asignación de crédito a la producción.

Además, persiste la disminución en exportaciones agropecuarias y per cápita, influenciadas por la pandemia y conflictos internacionales.

Sobre la infraestructura eléctrica, el gobierno destaca los esfuerzos en energía renovable, “pero existen desafíos de sostenibilidad financiera y ambiental”.

En cuanto al mercado laboral, este continúa su proceso de recuperación, “pero las mejoras en algunos indicadores de educación superior y acceso a Internet deben ser potenciados con mayores reducciones de desigualdad de género y aumento de la competitividad”.

Cuarto eje: Una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático

El país ha logrado avances en la identificación de áreas marinas protegidas y prácticas pesqueras sostenibles, no obstante, se requiere avanzar en la gestión de contaminación costera y conservación de ecosistemas terrestres, indica la autoevaluación oficial.

“Igualmente, se puede seguir avanzando en la mejora de la regulación industrial y la gestión de residuos en áreas urbanas, así como la movilización de los recursos financieros requeridos para implementar medidas de adaptación al cambio climático”, agrega.