El presidente de la República, Luis Abinader, creó la Empresa Minera Dominicana, S.A. (EMIDOM), con el fin de explorar y explotar recursos mineros estratégicos principalmente los relacionados con las tierras raras.
La disposición contenida en el Decreto 453-24, concibe la EMIDOM como entidad pública de capital único estatal, que deberá concentrarse en el aprovechamiento sostenible de estos recursos es crucial para fortalecer la soberanía tecnológica y energética del país, además de contribuir al desarrollo económico, científico y tecnológico.
En República Dominicana existe un importante potencial en recursos minerales, como las tierras raras, que son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables, y dispositivos electrónicos.
Objetivos de la EMIDOM
La EMIDOM, como parte de sus funciones, se encargará de ejecutar y coordinar la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, así como realizar estudios y consultorías que determinen la viabilidad económica de estos proyectos. Además, gestionará las reservas fiscales mineras, como la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, en Pedernales, y podrá negociar contratos y alianzas con empresas internacionales.
Impacto
La constitución de EMIDOM promoverá la transferencia de tecnología, la capacitación de recursos humanos especializados y la creación de empleos de calidad. Esto fomentará un desarrollo socioeconómico inclusivo y equitativo, con un enfoque en la protección ambiental y el respeto a las comunidades locales.
Además, se espera que los ingresos generados por la explotación de los recursos minerales impulsen inversiones en infraestructura, educación y salud, contribuyendo al bienestar general del país.
Gobernanza y transparencia
La nueva empresa estará adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y contará con un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros, liderado por el ministro de la Presidencia. Los estándares de gobernanza de EMIDOM seguirán los principios de transparencia y mejores prácticas, asegurando que sus operaciones se realicen en beneficio del Estado dominicano y de toda la sociedad.
Este decreto refuerza el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y responsable de los recursos naturales de la nación, garantizando que su aprovechamiento contribuya al progreso económico y social del país.
