Advierten posibles fraudes millonarios al Estado con reclamos de indemnizaciones por 70 % de Sierra de Bahoruco

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Advierten posibles fraudes millonarios al Estado con reclamos de indemnizaciones por 70 % de Sierra de Bahoruco

Santo Domingo, RD.-聽Al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el聽Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN),聽por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70 % de los 1,100km2 que conforman el聽Parque Nacional Sierra de Bahoruco,聽en las provincias de Pedernales e Independencia.

Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447m2 dentro del 谩mbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensaci贸n por miles de millones de pesos. Estos reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el聽Tribunal Superior Administrativo (TSA):聽la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porci贸n de terreno de 2,950,000 m2 y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de聽676 millones de pesos聽por una porci贸n de terreno de 16,900,000 m2 y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del 谩mbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duverg茅, provincia Independencia.

Ante la sospecha de que estas sentencias han sido obtenidas en base a documentaci贸n de procedencia cuestionable y de que el Tribunal actuante cometi贸 inobservancias elementales, algunas agrupaciones miembros de la聽Coalici贸n para la Defensa de las 脕reas Protegidas聽han decido recurrir en tercer铆a ante el TSA para impedir que el Estado Dominicano resulte estafado por cifras tan escandalosas, lo cual sentar铆a un precedente funesto y una jurisprudencia que podr铆a poner en riesgo una buena parte del Sistema Nacional de 脕reas Protegidas de la Rep煤blica Dominicana.

Acciones contra intento de estafa en caso聽Sierra de Bahoruco

Tenemos constancia de que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Procuradur铆a General Administrativa han encaminado las acciones legales necesarias para enfrentar este monumental intento de estafa. Sin embargo, entendemos oportuno y necesario que tanto estas instituciones como los organismos de control del sistema de justicia, profundicen la investigaci贸n y, de encontrar indicios de irregularidades, procesen penalmente a los responsables de este esquema, presumiblemente mafioso, que ya tiene varios precedentes en el pasado reciente, uno de ellos incoado por los mismos involucrados en este caso, cuando intentaron resarcimiento del Estado en el a帽o 2009 por supuestos derechos adquiridos en el聽Parque Nacional Cotubanam谩.聽En esa ocasi贸n, la demanda fue rechazada por los jueces actuantes en aquella oportunidad, quienes anularon varios saneamientos realizados en el referido Parque Nacional.

Raya en escandalosa la forma en que la Jurisdicci贸n Inmobiliaria violenta y vulnera los bloqueos registrales que impone la Ley sobre aquellos territorios que han sido declarados al amparo de la聽Ley de 脕reas Protegidas聽y que por tanto los convierten en inalienables e intransferibles. En los casos en que esto ha ocurrido, es necesario que se investigue tanto a los funcionarios como a los dem谩s actores involucrados.

Se recuerda que ha habido casos muy sonoros en los que se ha logrado obtener t铆tulos o indemnizaciones de forma irregular, como, por ejemplo, pagos realizados a supuestos propietarios en el mismo Parque Cotubanam谩, uno de los cuales est谩 incluido en el caso denominado Operaci贸n Calamar, que se debate en los tribunales de la Rep煤blica. Se le suma a este esquema la forma sorprendente en que algunos demandantes han logrado obtener t铆tulos a todas luces irregulares, sobre millones de metros de terreno en la zona conocida como聽Bucany茅-Pedernales,聽que tambi茅n es 谩rea protegida.

Las organizaciones recurrentes intervienen en el rol de tercer铆a en base a los preceptos de la Constituci贸n y las leyes sobre intereses colectivos y difusos. Estas incluyen la propia聽Ley General sobre Medio Ambiente (64-00),聽que reconoce que toda persona o asociaci贸n de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa para denunciar cualquier hecho que pueda generar un da帽o ambiental o de las violaciones a las leyes y normas que regulan los temas ambientales.

Las organizaciones no s贸lo se declaran perjudicadas en sus derechos por una sentencia que decidi贸 un proceso del cual no formaron parte, sino que alertan sobre el terrible da帽o que este tipo de precedentes podr铆an ocasionar no s贸lo contra el erario, sino tambi茅n en desmedro de aquellas personas que pudieran tener y demostrar reales derechos adquiridos sobre terrenos que han sido declarados 脕rea Protegida y que por tanto merecen una justa compensaci贸n.

El recurso presentado sustenta sus pedidos en dos argumentos fundamentales sobre la sentencia emitida:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽 La inobservancia de la certificaci贸n del historial de la parcela en cuesti贸n emitida por el聽Registro de T铆tulos de Independencia.聽Al analizarlo, se comprueba que las primeras acciones registrales hechas por los demandantes se remontan al 1994, once a帽os despu茅s de su declaraci贸n dentro del Parque (mediante el decreto 1315 del a帽o 1983). Esto no pudo suceder, ya que la declaraci贸n de un 谩rea protegida genera un bloqueo registral que impide todo tipo de operaciones registrales por parte de particulares.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽 La violaci贸n de la聽Ley de Registro Inmobiliario (No. 108-05).聽Espec铆ficamente, en su sentencia, el TSA entr贸 en violaci贸n con el principio de especialidad registral contemplado por la mencionada ley al acoger un derecho de propiedad no debidamente depurado, sin certificado de t铆tulo, s贸lo amparado en una constancia anotada. Aunque las constancias anotadas constituyen el documento avalado por el estado dominicano para acreditar el derecho de propiedad sobre un inmueble, carecen de certeza en cuanto a su ubicaci贸n e individualizaci贸n ya que no cuentan con un plano debidamente aprobado que las sustente.

De acuerdo con el Reglamento General de Mensuras Catastrales, para poder individualizar este tipo de inmuebles, es indispensable realizar un acto de levantamiento parcelario incluyendo una operaci贸n de mensura en campo con todos sus rigores t茅cnicos. De hecho, al fallar la sentencia, el propio tribunal entra en contradicci贸n consigo mismo, ya que en su medida de instrucci贸n para esta demanda orden贸 a la Direcci贸n General de Mensuras Catastrales realizar una inspecci贸n de campo sobre la porci贸n amparada en la constancia anotada.

Sin embargo, en el informe de inspecci贸n cartogr谩fica del 3 de noviembre de 2022 depositado ante la Secretar铆a del TSA, se indica que s贸lo se hizo una verificaci贸n cartogr谩fica sobre la base de los datos suministrados por el reclamante. Es decir, el informe no satisface la medida de instrucci贸n ordenada y la inspecci贸n realizada parte de un plano que no est谩 aprobado por la Direcci贸n Regional de Mensuras Catastrales.

El recurso alega, adem谩s, que, al tratarse de una disputa inmobiliaria vinculada a un AP, era de obligada publicidad y participaci贸n del MMARN por ser quien gestiona el Catastro Nacional de 脕reas Protegidas.

La coalici贸n reclama y conf铆a en que la Jurisdicci贸n Inmobiliaria ponga freno de una vez por todas a la forma escandalosa en que se violentan y vulneran los obligatorios bloqueos registrales que impone la Ley sobre aquellos territorios que han sido declarados 脕reas Protegidas y que por tanto los convierten en inalienables e intransferibles.

La Coalici贸n para la Defensa de las 脕reas Protegidas

La Coalici贸n para la Defensa de las 脕reas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la Rep煤blica Dominicana. Esta nota la firman: La Academia de Ciencias de la Rep煤blica Dominicana, la Comisi贸n Ambiental de la聽UASD, C煤a Conservation Agency, la Fundaci贸n Acci贸n Verde Inc., la Fundaci贸n Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaik铆a Ambiente, la Sociedad Ecol贸gica del Cibao.

Las 谩reas protegidas dominicanas no dejan de ser atacadas para el enriquecimiento il铆cito de particulares. A la constante presi贸n de privatizarlas para convertirlas en fincas privadas, construir hoteles, dividirlas con carreteras o convertirlas en concesiones mineras, se suma ahora un nuevo mecanismo de aprovechamiento: Demandas en justiprecio, es decir, indemnizaciones reclamadas al Estado por la expropiaci贸n de un inmueble, en este caso, ante la declaratoria de un 谩rea protegida.

Aunque la Ley Sectorial de 脕reas Protegidas (Ley 202-04) contempla la justa compensaci贸n de propietarios leg铆timos previos a su declaratoria de utilidad p煤blica, en esta nueva modalidad que involucra miles de millones de pesos, los reclamos se est谩n haciendo sobre porciones de terreno sin un derecho de propiedad depurado.

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