El presidente Luis Abinader creó una comisión integrada por funcionarios de los órganos de control y fiscalización del Estado para supervisar el cumplimiento de la Ley 118-21, que abrió el camino para continuar la construcción de obras paralizadas por encontrarse en un nudo legal.

El mandatario delegó a Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, la responsabilidad de coordinar el equipo, integrado también por Carlos Pimentel, Director General de Compras y Contrataciones Públicas; y Félix Antonio Santana García, contralor General de la República.

En la orden ejecutiva se indica que desde el inicio un equipo de funcionarios ha dado seguimiento estricto a la Ley 118-21, «como se refleja en los portales digitales y documentación producida, tanto por los entes constructores como por los órganos de control y fiscalización, pero resulta conveniente que, en cumplimiento de la propia norma, este equipo se formalice mediante el presente instrumento, para mayor eficacia de su función supervisora».

La finalización de esas infraestructuras se lleva a cabo según un plan de terminación elaborado por el Ministerio de Educación (MINERD) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).