La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo reiteró este jueves que no puede facilitar el ingreso de estadounidenses a República Dominicana o a Haití tras el cierre de las fronteras entre ambos países, medida asumida por el Gobierno dominicano por la construcción de un canal en el río Dajabón, también conocido como el Masacre.

«Los ciudadanos estadounidenses que planeen cruzar la frontera entre Haití y la República Dominicana no tendrán la posibilidad de hacerlo, y necesitarán hacer arreglos alternativos. La Embajada de los Estados Unidos no puede facilitar la entrada a Haití o a la República Dominicana a través de un cruce fronterizo cerrado», se puede leer en el comunicado de la misión diplomática.

El pasado martes tanto la Embajada de los Estados Unidos en Haití como la de República Dominicana habían advertido a los estadounidenses que planeaban cruzar entre ambos países hacer «arreglos alternativos» ante el anuncio del presidente Luis Abinader de cerrar las fronteras aéreas, marítimas, y terrestres si empresarios haitianos no detenían la estructura para desviar el cauce del río.

«A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes toda la frontera de la República Dominicana tanto terrestre, marítima como aérea estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos, el Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición», fueron las palabras del mandatario dominicano.

Desde el pasado 27 de julio, el Gobierno de los Estados Unidos mantiene a Haití en el nivel 4 de su advertencia de viaje, esto significa que «cualquier ciudadano que aún se encuentre en territorio haitiano debe salir de inmediato de la manera más segura posible a través de medios comerciales».

Además, llama a los estadounidenses a no viajar a Haití debido a los secuestros, la delincuencia, los disturbios civiles y la deficiente infraestructura de atención médica.

También en julio, el Departamento de Estado ordenó la salida de familiares de empleados del gobierno estadounidense y de los empleados considerados no-esenciales para emergencias.