Ni siquiera el 30 por ciento de los planteles públicos de Santiago dispone de miembros de la policía escolar para imponer el orden.ONELIO DOMÍNGUEZ
Solo una cantidad menor del 30% por ciento de los centros educativos de Santiago cuentan con policía escolar, que se encarga de hacer las requisas junto con el ministerio público para verificar las pertenencias del estudiantado.
El dato es corroborado por Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, quien manifestó que “entre un 25 y un 30% de los centros educativos tienen policía escolar. Aunque la cifra no pasa de un 30 por ciento”.
“La policía escolar se instituyó y nunca, desde la fecha que inició, ha operado de manera regular. No ha tenido la capacidad de cubrir con la presencia de un policía escolar a cada uno de los centros educativos”, explicó Jorge.
Ni siquiera el 30 por ciento de los planteles públicos de Santiago dispone de miembros de la policía escolar para imponer el orden.LISTÍN DIARIO
Además de establecer que en su mayoría las escuelas están desprovistas de este personal, el profesor Jorge agrega que existe una carencia de porteros y serenos, quienes en muchas ocasiones, tienen que asumir toda la responsabilidad de preservar la seguridad de la gerencia educativa y el estudiantado.
Los bienes no están resguardados, y los empleados, profesores y estudiantes, no están asegurados, debido a que “en la gran mayoría de los planteles donde hay un portero, ya no hay otro personal”.
“La presencia de la policía escolar es muy escasa”, apuntó el maestro.
Requisas
Demandas o hasta cancelación de sus funciones es a lo que se exponen los maestros que revisen a los menores sin la presencia de las autoridades.
En caso de que un profesor determine la necesidad de una requisa escolar, el tiempo que transcurre para poderse realizar, que es primordial una vez detectado algún objeto, en el mejor de los casos es realizada una semana más tarde.
Según lo explicado por una docente que prefirió preservar su identidad, si un maestro observa un artefacto que el menor está supuesto a no tener bajo su posesión, los mismos no pueden acercarse a los alumnos con intención de revisarles sus pertenencias, pues “estarían violando el código del estudiante”.
“Desde el propio Estado se está auspiciando el dejar hacer y el dejar pasar”, menciona Jorge.
Anteriormente, el docente además de ejercer su función de impartir contenido, tenía la facultad y potestad de intervenir en sanciones disciplinarias en caso de ser necesario; como en situaciones en las que el estudiante contara con algún objeto no propio de las actividades escolares.
“Se podían revisar las mochilas. Ahora no se puede hacer eso porque si lo haces te expones a una demanda. Te expones incluso a ser cancelado por parte del Ministerio de Educación argumentando que tú violaste la integridad de ese estudiante”, explica el dirigente magisterial.
Procedimiento
El maestro lo que debe hacer es notificar al Departamento de Orientación y Psicología del centro educativo, luego se socializa la situación con el Equipo de Gestión del que forma parte el director/a del centro.
En lo adelante se solicita a la instancia distrital o la regional la intervención para que ellos la hagan.
“Por todo ese proceso que te estoy diciendo pueden tardar varios días, dependiendo de la gravedad del caso y de la disponibilidad que tenga la dirección distrital o regional. En el mejor de los casos en una semana acuden a ver la situación”, explica Jorge.
