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Decisi贸n sobre Aeropuerto Internacional de B谩varo sienta precedentes importantes para el pa铆s

N de R: Este diario comparte accionistas con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuyas operaciones resultar铆an afectadas por el AIB

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Decisi贸n sobre Aeropuerto Internacional de B谩varo sienta precedentes importantes para el pa铆s
La sentencia sobre el Aeropuerto Internacional de B谩varo fue escrita por el presidente de la Tercera Sala, Manuel Alexis Read, y aprobada a unanimidad. (FUENTE EXTERNA)

La聽sentencia聽de la聽Suprema Corte de Justicia聽(SCJ) que聽ratifica聽la par谩lisis de la construcci贸n del聽Aeropuerto Internacional de B谩varo聽(AIB) es una聽pieza acabada聽que combina la tradici贸n jur铆dica dominicana con aspectos novedosos del derecho administrativo, en una reflexi贸n aguda sobre los argumentos de la parte recurrente y la decisi贸n objeto del recurso.

Sienta el precedente, adem谩s, de aclarar la聽responsabilidad聽del Estado en obras de infraestructura que sean de utilidad p煤blica, como los aeropuertos, y el procedimiento a seguir en aras de la transparencia y libertad de concurrencia.

El rechazo del recurso de casaci贸n hace acopio tanto de jurisprudencias de la misma SCJ como de precisiones del Tribunal Constitucional, lo que a帽ade consistencia a la resoluci贸n judicial escrita por el presidente de la Tercera Sala, Manuel Alexis Read, y aprobada a unanimidad. Integraron el tribunal, adem谩s, los jueces Manuel R. Herrera Carbuccia y Anselmo Alejandro Bello.

La聽sentencia聽convierte en cosa definitivamente juzgada la decisi贸n del Instituto de Aviaci贸n Civil (IDAC) que聽declara lesivo al inter茅s p煤blico聽el permiso para el inicio de construcci贸n del AIB, condicionado a una serie de estudios y documentaci贸n que nunca fueron satisfechos. Pero va mucho m谩s all谩 y analiza a la luz del derecho vigente el procedimiento seguido para la aprobaci贸n antes de relevar que el mismo estuvo viciado por irregularidades administrativas.

No sigui贸 el proceso

Esa decisi贸n del entonces presidente Danilo Medina aprobaba la construcci贸n del AIB y, a su vez, le conced铆a un contrato de grado a grado. Al consignar que el聽Poder Ejecutivo se excedi贸聽en sus atribuciones al emitir ese decreto, la聽sentencia, en opini贸n de juristas calificados, es un mandato expreso para su derogaci贸n y sienta las bases para la nulidad del contrato estatal a favor del AIB. Textualmente, la聽sentencia聽expresa:

芦Conforme con el art铆culo 26 literal r) de la Ley n煤m. 491-06 de Aviaci贸n Civil, la facultad legal en la materia que tiene el titular del Poder Ejecutivo es la de impartir su aprobaci贸n o no a la decisi贸n del IDAC de establecer un aeropuerto en un lugar determinado, por lo que excede su competencia, al determinar, en el decreto n煤m. 270-20, de fecha 21 de julio de 2020, de manera directa, qui茅n ser谩 la empresa beneficiaria de su construcci贸n y operaci贸n, as铆 como autorizar la firma de un contrato con el Estado dominicano禄.

La ilegalidad聽del AIB queda establecida, adem谩s, por otra consideraci贸n de la SCJ al referirse al procedimiento. Para infraestructuras aeroportuarias, la聽sentencia聽prescribe 芦el procedimiento de licitaci贸n establecido en la Ley n煤m. 340-06 del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, a fin de garantizar los principios constitucionales de transparencia, publicidad e igualdad禄.

Una de las argumentaciones de la parte recurrente, el AIB, se centra en que el an谩lisis de la declaratoria de lesividad, la decisi贸n del tribunal recurrido (Tribunal Superior Administrativo) incurri贸 en alegados vicios de falta de motivaci贸n, falsa aplicaci贸n de la ley y contradicci贸n entre los motivos de hecho y de derecho.

Suplencia de motivos

Para rebatir el presupuesto, la Tercera Sala de la SCJ acude a 芦la suplencia o sustituci贸n de motivos禄, una medida que procede cuando, a pesar de la existencia de una err贸nea o insuficiente motivaci贸n, 芦se ha adoptado la decisi贸n correcta de modo que el tribunal pueda complementar o sustituir de oficio los motivos pertinentes para mantener la decisi贸n adoptada en la聽sentencia聽impugnada. Se trata de una t茅cnica aceptada por la jurisprudencia y la doctrina dominicanas, la cual ha sido implementada por la聽Suprema Corte de Justicia聽e incorporada por el Tribunal Constitucional禄.

Validos de ese instrumento, los jueces supremos desarrollan una s贸lida argumentaci贸n que dispone la obligatoriedad de licitaci贸n para infraestructuras que, aunque privadas, son de utilidad p煤blica. Compete al Estado, se帽ala la聽sentencia聽al ampararse en la ley 47-20 sobre Alianzas P煤blico-Privadas ya en vigencia cuando se concedieron los permisos ilegales al AIB, 芦conciliar la b煤squeda de utilidades de la actividad privada con contrapartidas y contraprestaciones adecuadas al inter茅s p煤blico y a la satisfacci贸n del inter茅s general禄.

El hecho de que la aprobaci贸n del AIB se hiciera al margen de la legislaci贸n sobre Alianzas P煤blico-Privadas, el camino a seguir al entender de las varias resoluciones judiciales sobre el caso, pone en cuestionamiento el contrato otorgado por el Poder Ejecutivo en el gobierno pasado. Es precisamente esa ley la que ampara contratos como el suscrito entre el Estado y el AIB y que, al ratificar la Suprema la prohibici贸n de construirlo, carece de objeto.

Efecto m铆nimo

Rechazado el recurso de casaci贸n, recobra validez plena un aspecto del fallo recurrido: la poca monta de posibles da帽os y perjuicios sufridos por los promotores del AIB al tenor de la prohibici贸n.

Dice la corte: 芦En la especie, sostiene la recurrida, lo que no ha sido destruido por al recurrente, que no se ha iniciado ning煤n tipo de construcci贸n y que de hecho no se hab铆a cumplido con la normativa relativa a la acreditaci贸n de los t铆tulos de propiedad, conforme al acto n煤m. 923/2020, letra I), lo que implica, al respecto, que el otorgamiento de autorizaci贸n inicial de hecho no ha podido producir efectos; adem谩s que ello facilita en mucho la ponderaci贸n con el principio de proporcionalidad, como ha quedado dicho, en la medida en que el perjuicio causado a los afectados con la futura anulaci贸n en sede jurisdiccional es m铆nimo, mientras que los beneficios para la seguridad nacional y aeron谩utica son manifiestos禄.

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